La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) anunció hoy que evalúa demandar al Estado peruano y a la firma argentina Pluspetrol por la ampliación de un lote de gas que puede afectar a "pueblos aislados" del sur del país.

Líderes de la comarca Ngöbe Buglé dieron plazo de 10 días al gobierno de Panamá para que revele el informe de la última investigación de campo realizada en la hidroeléctrica de Barro Blanco a cuya construcción se oponen.

El ministro de Gobierno de Panamá, Jorge Ricardo Fábrega, mantiene las negociaciones con el rey naso y sus súbditos con el propósito de generar un diálogo para reabrir el proyecto hidroeléctrico Bonyic, cerrado por los indígenas.   Los naso-taribe de Panamá tienen suspendido el proyecto desde hace nueve días, y exigen la creación de una comarca, se oponen a esas obras y protestan por roturas y saqueo de piezas arqueológicas. También solicitan que se respeten los lugares protegidos, puesto que en el sitio donde trabaja la maquinaria del proyecto hidroeléctrico se han encontrado objetos arqueológicos destruidos de gran valor histórico y científico. El vocero del grupo de indígenas, Olmedo Espinoza, dijo que los constructores de la hidroeléctrica han acabado con las huacas )vasijas de barro utilizadas en los sepulcros indígenas) han demolido todo lo que les dejaron sus ancestros, una herencia muy valiosa para ellos.

Un sector de la comunidad indígena panameña Ngöbe Buglé agrupado en el Movimiento M-10, programa nuevas acciones de protesta contra la construcción de una hidroeléctrica en la localidad de Barro Blanco, Chiriquí.   Voceros de ese movimiento anunciaron que pasado mañana se reunirán en la comunidad de Calabacito (en las riberas del río Tabasará) para coordinar las próximas acciones que realizarán en defensa del afluente que -aseguran- está siendo afectado con las obras a cargo de la compañía Genisa, S.A. Explicaron que al encuentro asistirán ngöbes que alegan ser perjudicados por el proyecto, así como la comunidad campesina que está a su alrededor y que se ha negado a venderle a Genisa áreas comunales y fincas que serán invadidas por las aguas.

El gobierno venezolano "no encontró evidencia" de una presunta matanza en julio de aborígenes de la etnia Yanomami en el sur del país por parte de mineros ilegales brasileños, como denunció el lunes una organización, informó la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. "El balance de estas visitas que hemos realizado es que no se encontró evidencia de ninguna muerte" de indígenas yanomami, dijo Maldonado la noche del sábado, según la agencia oficial AVN. Las autoridades tampoco hallaron "evidencia de casas o shabonos (chozas circulares) incendiados en estas comunidades señaladas como escenarios de este supuesto crimen", agregó.

La fiscalía de Venezuela designó el miércoles una comisión para investigar una presunta matanza de indios yanomami a manos de buscadores de oro ilegales brasileños en una zona selvática del sur del país, tras la denuncia de una organización de nativos que cifró en 80 los muertos. "El Ministerio Público designó una comisión especial a los fines de verificar un presunto ataque el pasado 5 de julio a la comunidad de yanomamis denominada 'Irotatheri' (...) hecho en el que habrían fallecido varios indígenas", señaló el organismo en un comunicado. La Horonami Organización Yanomami (HOY) denunció el lunes ante la fiscalía y otros entes que unos garimpeiros (buscadores de oro ilegales) dispararon y lanzaron explosivos desde un helicóptero contra un shabono (choza circular) "donde aproximadamente 80 personas" vivían, dijo a la AFP su secretario ejecutivo, Luis Ahiwei, el miércoles.

Las negociaciones en la Mesa de Integración para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas prosperan y hoy se acordó recopilar propuestas y proyectos, incluyendo el plan quinquenal, para realizar un proceso de consulta interna.   El acuerdo fue avalado por representantes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Desarrollo del Pueblo Ngöbe-Buglé y Campesino. Lo rubricaron, además, el secretario de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Jaime Jácome; el director nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno, Esteban Arosemena; padre José Brutua, representante de la Iglesia católica y Stanley Muschett, por las Naciones Unidas.

Las verdaderas plumas coloridas de indígenas de la Amazonia reemplazan a las falsas del carnaval en el Sambódromo de Río, transformado en hotel improvisado para activistas e indígenas que participan en la Cumbre de los Pueblos, al margen de la conferencia Río+20. Habitualmente invadido por lujosas carrozas alegóricas y miles de bailarines de los desfiles de las escuelas de samba, la larga pista bordeada de gradas del Sambódromo, construido por el centenario arquitecto Oscar Niemeyer, estaba prácticamente vacía el sábado por mañana. Pero bajo las gradas, se vislumbran las tiendas de campaña, mientras los camarotes normalmente reservados a los artistas y a la jet-set fueron transformados en dormitorios comunitarios.

El movimiento indígena 18 de Mayo informó que siguen esperando a la empresa que se encargará de realizar el peritaje técnico al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco para determinar afectaciones a la comarca ngobe buglé.   El dirigente del Congreso tradicional ngöbe Celio Guerra reiteró que la mayoría de la población de la comarca está en contra del proyecto hidroeléctrico, ubicado en el río Tabasará, pero reconoció que hay un grupo que apoya la obra. Las contradicciones en la comarca no han podido ser limadas aún cuando los opositores al diálogo establecido entre el gobierno, la empresa Genisa, la Coordinadora indígena y la cacica general, Silvia Carrera, han hecho un alto en sus acciones en espera del resultado de las inspecciones.

Los indígenas del Movimiento 18 de Mayo dieron una tregua de 15 días al gobierno de Panamá para que funcionarios de Naciones Unidas entren al área de la comarca y realicen el peritaje a la hidroeléctrica de Barro Blanco.   Carmen Tedman, activista ambiental y quien acompaña al grupo en sus manifestaciones, explicó que los indígenas levantaron su campamento y participarán en reuniones en las diferentes comunidades de la comarca. Ese movimiento disiente del acuerdo entre la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos, la cacica general, Silvia Carrera, y el gobierno, que puso fin a la rebelión indígena de febrero y dio paso a una nueva ley minera.