La presión que ejerce la Armada y el Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico obliga a los carteles a mover su retaguardia estratégica hacia el sur, lo que representa nuevos desafíos en Centroamérica. Las particularidades de la región ofrecen oportunidades para estas organizaciones criminales que ven las debilidades institucionales y sus vulnerabilidades, frente a estos acontecimientos, como una ventaja competitiva frente a otros carteles que operan en México.
La falta de vigilancia en los puntos ciegos de la frontera entre México y Guatemala, la facilidad para corromper, la capacidad que tienen Los Zetas de neutralizar a los grupos criminales domésticos y los grandes recursos de que disponen para invertir en bienes inmuebles cerca de las costas y las fronteras, son innegables y aprovechadas al máximo.
Los Zetas llegaron a Guatemala en 2007. Según el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington; estos grupos controlan el 75% del territorio guatemalteco, desplegándose en las costas del Caribe de ese país y en Honduras. La situación es grave para ambas naciones y puede llevarlos de ser Estados degradados a Estados fallidos, si el crimen organizado transnacional se asienta, con todo el peso que representan sus recursos y la capacidad de corromper.
El cartel de Sinaloa opera en las costas del Pacífico de Guatemala y se está estableciendo en Honduras. Tiene estrecha relación con grupos criminales que se dedican a la piratería de DVD y al tráfico de órganos. Está demostrado que las maras tienen relaciones estrechas con estos grupos, especialmente con Los Zetas.
Nuestro país, con atractivos y valores agregados superiores a los países descritos, está obligado a diseñar políticas que impidan el asentamiento de estas organizaciones en nuestro territorio. Si bien es cierto que ya operan aquí en el proceso de trasiego de drogas, vía Centroamérica, México y el destino final, Estados Unidos, aún estamos a tiempo para blindar el territorio y evitar su presencia funesta. La cooperación internacional es imperativa para asegurar esas posibilidades. Un buen centro de manejo de inteligencia, con recursos disponibles y personal calificado, puede prevenir y detener cualquier posibilidad. Todas las circunstancias descritas nos obligan a actualizar las normas, de acuerdo a la Convención de Palermo de 2000, y dar el soporte necesario a la Fiscalía del Crimen Organizado, con recursos suficientes para que investigue y lleve a buen recaudo a los que se dedican a esta actividad ilegal. Estamos a tiempo para lograr este propósito.
