Con solo citar este principio de su función es suficiente para analizar los acontecimientos y declaraciones de sus autoridades en relación a las operaciones antidrogas que se realizan en la comarca Guna Yala, que han generado diferentes opiniones en los medios.

Hace algunos días, Frank Ábrego, director de Senafront, manifestó (palabras más, palabras menos) que las autoridades comarcales, refiriéndose a los saglas y caciques, no colaboran en el combate a las drogas. Está claro que el señor director no conoce la realidad sociopolítica de los gunas ni sabe los esfuerzos que se han venido adelantando en esa materia en los últimos tres lustros.

En el año 2000 se registró un incidente relacionado a la quema de drogas en la isla de Muladub. Las personas responsables del acto fueron entregadas a las autoridades y pagaron su condena.

Unos años después se suscitó otro incidente en la comunidad de Assuemullu, uno de los sailas de ese pueblo fue apresado y conducido a las instancias correspondientes. En otras comunidades se decomisaron los bienes a las personas involucradas.

En Guna Yala conviven personas que se dedican a esta actividad, como las hay en todas las sociedades, pero son pocas y no se puede generalizar en los medios, de manera irresponsable. Recientemente, en junio, uno de los caciques gunas hizo la entrega formal de motores fuera de borda, producto del incidente en la isla de Tigre.

Justamente, el delegado de aquella isla denunció ante el pleno del último Congreso, la demostración innecesaria de fuerza y armamento, así como la actitud belicosa de parte de las unidades ante una población indefensa.

Si ante las cámaras de los medios de comunicación, los policías violan los derechos y hacen uso de la fuerza excesiva frente a los ciudadanos, imagínense en esas regiones lo que harán. ¿Cumplen con sus principios?

En el Congreso General Guna, desde el año 2005 se han aprobado tres resoluciones para combatir esa actividad ilícita en la región. En el último Congreso, celebrado en la comunidad de Uggubseni, en el pasado mes de mayo se emitió una nueva resolución para que cada pueblo adecúe sus reglamentos de cara al combate de las drogas. Además, en el mismo evento comarcal se aprobó la remodelación de las instalaciones del cuerpo uniformado en la isla de Porvenir.

¿Pero, por qué las unidades de Senafront están más tiempo en islas como Porvenir y Narganá, y sus centros de operaciones no están en los poblados fronterizos de Puerto Obaldía y La Miel?

En otra declaración hecha a un medio televisivo, el diputado Crispiano Adames señaló (palabras más, palabras menos) que los gunas deben someterse a las leyes y a la Constitución de Panamá. Esto no es lo que está en discusión, pues la ley comarcal contempla las faltas administrativas y faltas penales y su procedimiento, dentro del marco de las instituciones competentes.

El fondo del problema es la falta de coordinación de parte del Senafront, particularmente de sus directivos. Y lo más lamentable de esas declaraciones, es que nuestros diputados Antonio Martínez y Absalón Herrera estén callados ante la mala información de las autoridades de gobierno.

Por último, me parece injusto que algunos medios televisivos no busquen los descargos o la versión de las autoridades gunas ante los acontecimientos o hechos noticiosos en los que ellos también tienen algo que decir.