A Joel Sierra Se Le Ha Rechazado Situaciones De Violencia En Arauca Y Criticó Operaciones De La Fuerza Pública
Fundación de Derechos Humanos. Joel Sierra
Estas declaraciones se dan en mención de los hechos registrados el pasado lunes con la muerte de un hombre en zona rural del municipio de Arauquita y el secuestro y posterior liberación de una mujer y su hijo de 6 años en Panamá de Arauca, también del municipio arauquiteño.
Mediante una denuncia pública, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos «Joel Sierra», decidió pronunciarse sobre la violencia que se está presentando en los municipios del Piedemonte Llanero, especialmente en la localidad de Saravena, donde se logra registrar el asesinato de varias personas y criticaron fuertemente las operaciones despledas por parte de los miembros de la fuerza pública contra estos actores armados que están afectando la población civil y sus intereses.
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Mediante la consignación «La Protección de la Población Civil establecida en el Derecho Internacional Humanitario en Arauca se convierte en simple enunciación normativa sin aplicación en la realidad», iniciando esta comunicación que dice a la letra lo siguiente:
«Las acciones de violencia contra la población civil en el territorio Araucano no cesan y cada día se recrudecen.
El día de hoy se da a conocer por los medios de comunicación el asesinato de una persona de sexo masculino. La víctima se encuentra aún sin identificar hechos ocurridos en el caserío de Las Cruces de la vereda Alto Primores del municipio de Arauquita.
Horas más tarde se conoció también, a través de medios de comunicación, de la retención por hombres armados, de la líder comunal EGNA MILADYS FLORES RUBIO y su pequeño hijo.
aproximadamente seis años de edad. La señora Egna labora como monitora de transporte escolar en la ruta que de Panamá va a Mata de Coco y quien además ejerce el cargo de presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa del Prado, en el Centro Poblado de Panamá, municipio de Arauquita. horas después, la líderesa y su hijo fueron dejados en libertad, desconociéndose los móviles y actores armados que la tuvieron en su poder.
Los anteriores hechos, que rechazamos rotundamente, infringen normas y principios del Derecho Internacional Humanitario, particularmente el de protección de los civiles, especialmente el que merecen las niñas y los niños en el marco del conflicto armado.
Reiteramos una vez más el llamado a los organismos de justicia y control para que implementen de forma eficiente las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos aquí mencionados; y al Estado en su conjunto a proteger de forma efectiva a la población civil de esta región.
Asimismo, exhortamos nuevamente a los actores del conflicto armado a dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil y regirse por las normas y principios del DIH.
A las organizaciones internacionales las invitamos a seguir monitoreando, acompañando y.
visibilizando las acciones que ponen en riesgo a la población civil y coadyuvando en la solicitud al.
Cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano en materia de DDHH y DIH.»
El pasado 29 de noviembre, a la salida de Saravena, en dirección hacia el municipio de Fortul, se vivió un hostigamiento contra algunos miembros de la Policía Nacional, al cual los uniformados respondieron. En este hecho tristemente uno de ellos resultó muerto con impacto de arma de fuego, el señor Víctor Zenón Contreras González, de 66 años de edad, quien se encontraba desarrollando sus labores cotidianas en una finca cerca al lugar. Igualmente murieron dos animales, un toro reproductor y una yegua.
Señalan que el domingo 24 de Noviembre en la madrugada en la vereda Bruselas del municipio de Fortoul, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional desarrollaron un bombardeo contra miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN, en este hecho afectados bienes de la población. Un civil muerto, el cuidadano Edgar Merchán Guerrero, de 36 años de edad, y otro civil que no ha sido identificado fue herido.
Frente a otro bombardeo que se ha realizado en la vereda La Paz del municipio de Arauquita, el día 26 de noviemvre, afectaron a bienes de la población civil, cuál es el caso de una vaquera destruida en la finca del señor José Dúran. Estos son hechos que hacen volver a informar a los actores del conflicto (Estado colombiano a través de su fuerza pública y las organizaciones rebeldes), la necesidad de respetar las normas de Derechos Internacionales Humanitarios, fundamentalmente a principios de distinción y protección a la población civil y el de no reciprocidad, lo cual implica no ocupar los bienes de las comunidades, no desarrollar acciones indiscriminadas donde se afecte la vida e integridad de las mismas, ni utilizar las infracciones de un actor como excusa para también violentarlas.
Si bien es cierto, existe un conflicto armado, precisamente las normas del Derecho Internacional Humanitario tienen por finalidad establecer los límites de la guerra regulando los métodos y medios, consagrando de manera especial la protección que merecen los civiles y sus bienes, los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades y los prisioneros de guerra.
Exigimos a las autoridades de justicia y control del Estado adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, así como la garantía de no repetición, finaliza diciendo la comunicación.
La organización defensora de derechos humanos en esta oportunidad no hizo mención a los uniformados heridos en Saravena y Arauquita, atacados por la subversión en desarrollo de operativos que buscan garantizar la seguridad de los habitantes.
