Medio Ambiente (68)
Los humedales ubicados en las áreas de desarrollo urbano no deben ser considerados solamente como áreas a ser preservadas, sino como elementos del ecosistema que, además de brindar procesos y servicios a este, son piezas clave en el manejo y administración del ciclo hidrológico. En el caso de los humedales de la bahía de Panamá, la falta de visión integral al tratar la situación ha sido notoria; hace unos años, en pleno auge de aprobación de rellenos a lo largo del Corredor Sur, los estudios de impacto ambiental, categoría uno, solo requerían de un análisis que indicara que, durante condiciones de lluvia y marea alta, el nivel de las aguas no superaría la altura del relleno objeto del estudio. Este análisis, excesivamente simplificado, no tomaba en cuenta el efecto acumulativo que otros rellenos causan en el resto de la cuenca, porque, si bien el área rellenada no se inundaba, sí contribuía a ocasionar anegaciones en las áreas adyacentes. Este enfoque simplista demostraba un total desconocimiento de la importancia de estas áreas en el control de inundaciones.
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Muchos lectores, quizás, no sepan qué son los lemmings. Pues bien, son roedores que viven en el norte de Europa y que se reproducen desenfrenadamente hasta acabar con todo el alimento disponible. Encuentro semejanzas con ese comportamiento y el de nuestros políticos, quienes actúan, perversamente, en contra de nuestro ambiente. Para ejemplo un poco de historia ambiental. En 1999 los panameños pagamos más de 10 millones de dólares para elaborar la Ley 21, que protegía el tesoro de flora y fauna que nos dejaron en herencia los tan “odiados” norteamericanos. Esta ley prohibía la depredación que hoy vemos. Sin embargo, el gobierno del Sr. Torrijos impulsó la aprobación de la Ley 12, eminentemente ilegal, pues tenía efectos retroactivos, para “perdonarle” al Ministerio de Vivienda, dirigido por Balbina Herrera, las depredaciones cometidas y los cambios de zonificación que permitían la construcción de torres hasta en las riberas del Canal, además de innumerables desatinos destinados todos a enriquecer a algunos en detrimento de muchos.
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En gobiernos recientes, como el de Mireya Moscoso y Martín Torrijos, se tomaron decisiones para la construcción de proyectos que iban en detrimento de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el mal llamado camino ecológico, que finalmente no se hizo gracias a la unión de muchos panameños y panameñas responsables. Luego ocurrió la venta de los lotes CL 43 y CL 35, ambos ubicados en Clayton. Les llamaban lotes, pero en realidad eran bosques secundarios con gran variedad de especies de árboles de, al menos, 50 años, como cuipos, barrigones, ceibas, panamá y espavés, por mencionar algunos.
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Hace poco estuve en Guyana, república situada en el noreste de Sudamérica. Parte considerable de la costa guyanesa se encuentra bajo el nivel del mar, lo que –aunado a la abundancia de lluvia y ríos (Guyana es “tierra de muchos ríos”)– hace necesario tomar medidas contra las inundaciones. Siglos atrás, los colonizadores holandeses –quienes precedieron a los ingleses en el dominio de ese territorio– construyeron numerosos canales de desagüe, los que aún hoy surcan el área costera. Más recientemente, el Gobierno guyanés ha impulsado con ímpetu la conservación de los manglares como medida natural y eficaz para prevenir los desastres vinculados a la precipitación excesiva y la acumulación de agua.
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Ser acusado de “ambientalista” en estos tiempos es peor que ser tildado de brujo o hereje en la época de la inquisición, o de comunista en la era del macartismo. No son pocos los mártires que ha provocado la defensa de los recursos naturales en Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, etc., porque se convierten en estorbos para la construcción de minas y represas.
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Décadas atrás, cuando no se tenían estudios al respecto, se miraba a los bosques de manglar como estorbos, sitios insalubres llenos de mosquitos y, alrededor del mundo, se rellenaban y reclamaban en nombre del desarrollo. Las consecuencias han sido inundaciones en las comunidades aledañas, pérdidas humanas y económicas debido a los tsunamis, notorio decremento en la industria de la pesca, pérdida de fauna, sobre todo, de las aves playeras que utilizan los bosques de manglar durante su migración anual y aumento del efecto invernadero.
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Los grupos ambientalistas y los residentes de Ancón se encuentran enfrentados con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la construcción de un edificio de estacionamientos en las laderas del Cerro Ancón. La construcción del edificio de estacionamientos involucra derribar decenas de árboles, existiendo otras opciones viables. El enfrentamiento es parte de una visión que la Corte Suprema de Justicia le impone al país, privilegiando el cemento y el concreto sobre la conservación del medio ambiente, los recursos acuáticos y forestales.
El desarrollo sostenible vincula el bienestar de las generaciones con la capacidad de la biósfera de sostener la vida y tiene un enfoque de política pública. El desarrollo sostenible no es un estado fijo, sino más bien un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de los flujos de inversión, la orientación del cambio tecnológico y los cambios institucionales se articulan con las presentes, así como con las futuras necesidades.
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En su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reporta una deforestación mundial neta para el período 2000-2005 de 7.3 millones hectárea/año. Con respecto a los bosques de mangle, Giri et.al. (2011. Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Global Ecology and Biogeography 20(1): 154–159) estimaron que el total en el mundo en 2000 era 137 mil 760 km2 y según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas el 35% de los manglares del mundo desapareció entre 1980 y 2000.
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El anuncio de parte de los administradores del Estado de levantar la protección a los manglares de la bahía de Panamá denota una visión teñida de ignorancia y cortoplacismo, con relación a los temas de ambiente, cultura, ciudad, economía y territorio. Los manglares tienen protección constitucional y, particularmente, los de la bahía de Panamá fueron declarados como Área Protegida, mediante Resolución AG-0072-2009 (GO 26221, 2009) de 3 de febrero de 2009. Su superficie total abarca 856.52 km2 y están entre los más importantes y extensos del país. Por esto, su desprotección y destrucción son actos ilegales.
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