Canal de Panamá (24)
En días pasados se informó de la escogencia del fiscalizador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Según la Ley Orgánica de la ACP, el fiscalizador general es “responsable por la realización y supervisión de auditorías e investigaciones relacionadas con la operación de la Autoridad. El fiscalizador general deberá promover la economía, eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines”.
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Era la hora del atardecer, me encontraba trabajando en un proyecto que debía presentar al día siguiente, en una reunión de la comisión sobre el desarrollo marítimo y logístico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, cuando recibí una llamada. “Don Carlos, cuénteme, ¿cómo se encuentra?”. Era la voz inconfundible de la señora Lenis. Inmediatamente le dije, caramba cómo está usted, tanto tiempo sin oírla.
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El Canal es la obra máxima de Panamá. Luego de la lucha generacional por su recuperación, que culminó con los tratados Torrijos-Carter en 1977, entraron a su junta directiva los cuatro primeros panameños: Roberto Heurtemate, Edwin Fábrega, Tomás Paredes y Ricardo Rodríguez. Fue designado Fernando Manfredo, como subadministrador, luego Gilberto Guardia, como el primer panameño administrador del Canal, y se modificó nuestra Constitución para aislarlo de los vaivenes de nuestra política partidista.
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Desde los inicios de la República, en 1903, todos los panameños y todos los gobiernos panameños lucharon, con gran empeño, para lograr una revisión o cambios en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, por motivos del Canal, lo que se materializó con la firma del Tratado Torrijos-Carter, en septiembre de 1977 y que entró en plena vigencia el 31 de diciembre de 1999.
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Un megaproyecto interoceánico promueve Nicaragua como alternativa al Canal de Panamá, iniciativa que, además de ser ambiciosa, revela dudas sobre su viabilidad financiera, y cuyos estudios se calculan en 20 años. Mientras, las autoridades de ese país buscan financiamiento en China y Rusia para sufragar tan onerosa construcción y entrar en competencia, 30 años después, con el Canal de Panamá ampliado, cuyos legítimos dueños (el pueblo) no tendrán ya compromisos con acreedores externos.
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El próximo mes de septiembre culmina una etapa de administración panameña del Canal de Panamá, cuando concluya Alberto Alemán Zubieta su exitosa gestión al frente de ese vital recurso, y entrará a una segunda fase plena de retos, quizás más exigentes que aquellos enfrentados durante la transición y en los primeros 12 años de control panameño.
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De antemano debo señalar lo asombroso que es generalizar el término “Canal de Panamá”, sin precisar ni puntualizar lo enunciado en el anexo A, al que hace referencia el numeral 2 del artículo III del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento, que se expresa así: “El término ´Canal´ usado en todo el texto del tratado, incluye, el Canal de Panamá existente, sus entradas y los mares territoriales de la República de Panamá adyacentes a él, y cualquier vía interoceánica que pueda ser manejada total o parcialmente dentro del territorio de la República de Panamá, sus entradas y los mares territoriales adyacentes a la misma, en cuya construcción o funcionamiento participen o hubieran participado los Estados Unidos de América”.
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Un reciente artículo de opinión del periodista Franklin Castrellón -exaltando lo que llamó la “transfusión de sangre canalera” que produce el servicio al Canal de Panamá- me invita a extender el alcance de tan acertado concepto y asimilarlo al del sentimiento intenso de la ciudadanía entera por esta obra que nació para ser fuente de progreso para el país, y que durante toda nuestra vida republicana fue acicate para nuestras gestas nacionalistas.
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La ampliación del Canal de Panamá, a un costo de más de 5 mil millones de dólares (casi un 25% del producto interno bruto de Panamá en 2010), representa una proeza económica, financiera y de ingeniería que conllevará significativos impactos para el comercio mundial y naturalmente implicará retos y desafíos para nuestro país.
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Los rumores sobre un atraso en las obras de expansión del Canal de Panamá corrían en los círculos marítimos del país. Los más optimistas hablaban de un atraso de ocho meses y los más pesimistas de año y medio. El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), compuestos por las empresas Sacyr Vallehermoso (España) ,Impregilio (Italia), Jan De Nul (Luxemburgo) y Constructora Urbana S.A. (Panamá) se ganaron la licitación por 3,200 millones de dólares mediante una licitación internacional, donde cotizaron mil cien millones de dólares debajo de su más cercano competidor.
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