"El gobierno a través del Estado debe garantizar la educación gratuita y eso no se está cumpliendo en la propuesta, porque se quiere reducir la gratuidad a un sector de la población, la pobreza estadística, pero subsidiando en la banca privada a todo el sistema, no hay un cambio de paradigma", explicó Vallejo.

La dirigente reafirmó además el llamado a una nueva marcha para este jueves, la número 37 desde que estalló el conflicto hace cinco meses.

Se trataba de la segunda jornada de diálogo, a una semana de que las partes aceptaran sentarse a negociar y estaba centrada en la gratuidad de la educación chilena, inexistente hoy a nivel universitario y a la que sólo acceden el 40% de los escolares.

Los estudiantes aspiran a la creación de un sistema público que garantice educación gratuita y de calidad para todos y plantearon en la mesa un aumento en el pago por las regalías mineras, un incremento general de impuestos y la disminución de los gastos de las Fuerzas Armadas para recaudar mayores recursos a la educación.

El presupuesto actual de educación supera los 11.000 millones de dólares, el más grueso entre todas las partidas. Para el próximo año, está previsto un incremento de 7,6%, considerado "insuficiente" por los estudiantes.

"Después de horas de diálogo con los estudiantes y profesores no hemos logrado mayores progresos. Creemos que hay que dar pasos importantes en avanzar a la gratuidad para aquellos estudiantes que vengan de familias más vulnerables", dijo Bulnes.

"Nosotros no creemos que una política educacional correcta sea darle gratuidad a los ricos", agregó el ministro, ratificando una postura ya planteada por el gobierno.

La reunión de este miércoles venía precedida de un tenso ambiente luego de que el gobierno anunciara el fin de semana una modificación al Código Penal para incrementar las sanciones a los desórdenes públicos, incluidas las ocupaciones de colegios y universidades por parte de sus estudiantes, atacando directamente las medidas de presión ejercidas por ellos.

El proyecto, que sanciona con penas de entre 541 días a tres años de cárcel a quienes ocupen por la fuerza algún establecimiento educacional, fue considerado como "una provocación" y como un factor que condicionaba el diálogo.

El extenso conflicto estudiantil ha remecido a la sociedad chilena, que apoya ampliamente las demandas estudiantiles y ha sancionado el actuar del gobierno, que ha visto caer estrepitosamente su popularidad hasta llegar en la actualidad al 30%, pese a entregar tres propuestas distintas de solución.

Los estudiantes abogan por el fortalecimiento de la educación pública en un país que cuenta con un sistema educativo muy segregado.

Como producto de las reformas liberales impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Chile hoy sólo el 40% de los escolares estudia en colegios públicos gratuitos, mientras que las universidades públicas son tan caras como las privadas.