El artículo sexto de la ley condena a quienes provoquen "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
El gobierno resolvió querellarse por esta ley luego de que durante la tarde del jueves recrudecieran las protestas en Aysén, 1.300 km al sur de Santiago, donde desde hace más de un mes sus habitantes reclaman medidas que les ayuden a enfrentar el aislamiento.
El miércoles, el gobierno suspendió una mesa de diálogo instalada con dirigentes sociales al no lograr un acuerdo, lo que reactivó las manifestaciones callejeras.
Durante todo el día se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varios puntos de la región, según medios locales. En los disturbios, un bus policial fue incendiado tras ser apedreado por varias decenas de vecinos.
"Estas situaciones son inaceptables y constituyen violencia grave, que altera por completo la paz social y la tranquilidad en la región", dijo el portavoz oficial.
Los habitantes de Aysén exigen un subsidio al precio de los combustibles, que allí son hasta 40% más caros que en el resto de país por las grandes distancias que deben recorrerse. La mayoría de sus casi 100.000 habitantes no pueden acceder por carretera ni al norte ni al sur del país.
Sin embargo, el ejecutivo pretende entregarlo en forma de subsidio en el 70% del valor del transporte del combustible y no sobre el precio directo al público.
Manifestantes bloquean una ruta en Aysén, Chile, el 23 de febrero de 2012. Enfrentamientos entre manifestantes y la policía se registraron durante toda la noche en la región de Aysén, en la Patagonia chilena, luego de que se suspendiera una instancia de diálogo que buscaba acabar con más de un mes de protestas por el aislamiento de esa zona.
